El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo, con informe favorable del Consejo de Estado e invocando el artículo 161.2 de la Constitución para su suspensión, por el que se impugna la Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía.
De acuerdo con la letra a) de la Resolución, "La Comisión de Investigación sobre la Monarquía tiene por objeto investigar las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la Familia Real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera del territorio de Cataluña". Y de acuerdo con la letra b) de la mencionada Resolución, los contenidos básicos objeto de investigación de la comisión son los siguientes:
- "Primero, las actuaciones destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña durante los días posteriores al referéndum de autodeterminación del primero de octubre de 2017.
- Segundo, las estructuras de corrupción vinculadas a la Familia Real española y a las personas que están o han estado relacionadas.
- Tercero, las presuntas cuentas irregulares del anterior Jefe del Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas, la procedencia de este capital, y las otras actividades irregulares o delictivas de estas personas que puedan derivarse de las declaraciones de la Sra. Corinna zu Sayn-Wittgenstein".
La Resolución se impugna en su integridad, pues tanto el objeto de la misma como sus contenidos básicos son inconstitucionales. En la creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía, se aprecian motivos de inconstitucionalidad tanto de orden competencial como de orden sustantivo.
1.La Resolución incurre en una extralimitación competencial, porque el objeto de la misma, en los términos recogidos en la letra a) del acuerdo -crear una comisión de investigación sobre la Monarquía que tiene por objeto investigar las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera del territorio de Cataluña-, queda al margen del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Desde la perspectiva de las funciones atribuidas a un Parlamento autonómico en orden al control e impulso de la acción de gobierno, el sometimiento a una comisión de investigación de la actuación de la Jefatura del Estado queda fuera de aquéllas funciones por tratarse de una institución del Estado al margen del sistema institucional propio autonómico.
2.La Resolución es igualmente inconstitucional por infringir el artículo 117.3 de la Constitución, dado que el objeto de la comisión de investigación excede el ámbito de la función investigadora derivada de la naturaleza política de las cámaras parlamentarias en los términos delimitados por el Tribunal Constitucional, invadiendo, en consecuencia, la función jurisdiccional de Juzgados y Tribunales reservada por el artículo 117.3 de la Constitución Española.
3.Finalmente, cabe recordar que, en relación con los actos del Jefe del Estado, el artículo 56.3 de la Constitución, tras declarar que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», dispone que «sus actos estarán siempre refrendados en la forma que establece el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2». De este modo, la prerrogativa de la no sujeción a responsabilidad, como la de la inviolabilidad, son prerrogativas absolutas, comprenden todo el tiempo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tienen efectos jurídicos permanentes.
En resumen, concurren los requisitos formales y materiales para la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la Resolución 298/XII del Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión de Investigación sobre la Monarquía.
Fuente: Moncloa