El pasado 30 de diciembre, el PSOE y Unidas Podemos presentaron un acuerdo programático para la creación de un Gobierno de coalición, titulado "COALICIÓN PROGRESISTA. Un nuevo acuerdo para España" en el que se estipula la derogación parcial de la reforma laboral de 2012 y una importante reforma fiscal con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas. Las medidas fiscales proyectadas en este acuerdo se pueden resumir de la siguiente manera:

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se prevé un aumento de dos puntos en los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

Se estudiará reformar la fiscalidad de las grandes fortunas con el objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo.

Con respecto al Impuesto sobre sociedades, se garantizará una tributación mínima del 15% para las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Se limitará las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones.

La fiscalidad de las PYMES, también será objeto de reforma, reduciendo el tipo impositivo del 25% al 23% para las sociedades que facturen menos de un millón de euros; mientras que se revisará el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales.

Se reformará el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS, para aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.

Se ejercerá un mayor control sobre las SICAV, se dictarán requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido con objeto de asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, estableciéndose, entre otras medidas, un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas).

En cuanto a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, se prevé actualizar la lista de paraísos fiscales, potenciar la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y prohibir las amnistías fiscales. Se introducirán límites más rigurosos para los pagos en efectivo, se prohibirá el "software" de doble uso y se impulsará la unidad de control de grandes patrimonios.

En materia de viviendas, se proyectan dictar medidas fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para procurar la ocupación de las viviendas vacías, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda pongan a disposición del mercado de alquiler las viviendas vacías a precio razonables.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina. Se revisará la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares.

Por último, en materia medioambiental, se intensificarán las medidas fiscales como mecanismos para desincentivar comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y PYMES.