Santiago Sañe, responsable de auditar a Pescanova durante una década, aseguró que BDO realizó correctamente la auditoría con la información que le facilitaba la sociedad y que se enteró de que la empresa llevaba una doble contabilidad cuando presentó el preconcurso. Explicó que se sorprendió mucho al conocer que en el consejo de administración del 28 de febrero del 2013 no se habían aprobado las cuentas del 2012, ya que había un borrador de informe de auditoría favorable y sin salvedades -a la espera de recibir documentación pendiente, no significativa y que no iba a modificar tal sentido positivo-.
Posteriormente mantiene una reunión con el jefe de auditoría interna de Pescanova y el director de administración para obtener una explicación de cómo las cuentas pasaron de recoger 36 millones de beneficio y poco más de 1.000 millones de pasivo en el 2012 a mostrar unas pérdidas de 791 y casi 3.600 de deuda tras su reformulación en el concurso.
Días después acudió a una reunión con el presidente, Manuel Fernández de Sousa, en la que hubo un «cambio de discurso», ya que le aseguraron, en contra de lo dicho inicialmente, que la nueva deuda aflorada no tenía un impacto relevante en los fondos propios. La explicación llegó a través de un balance que, además de reflejar 800 millones más de deuda, los compensaba con nuevos activos (cinco sociedades que hasta ese momento habían estado ocultas, fuera del perímetro de consolidación del grupo).
Relató también que, paralelamente, la CNMV le había pedido a BDO que hiciera un informe para aclarar la situación de Pescanova y las «discrepancias» que había entre lo reflejado en su contabilidad y su deuda real, dándoles una semana de plazo.
El fiscal le recordó al acusado que en su declaración durante la instrucción de la causa dijo que Pescanova le había engañado. Al auditor le costó reconocerlo ante el tribunal con las mismas palabras. Usó largas y técnicas explicaciones para defender la corrección de su trabajo y que había sido la empresa quien le había ocultado sus prácticas irregulares para camuflar la deuda. Sin embargo, tras la batería de preguntas del fiscal sobre los créditos documentarios -operaciones triangulares con filiares en otros países simulando ventas ficticias para lograr financiación-, aseguró que «hubo una operativa de engaño compatible con los procedimientos de auditoría».
Fuente: www.lavozdegalicia.es