El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la sesión de control en el Senado, ha recordado que la ley establece un procedimiento claro: cuando llega una petición de indulto se solicita al Tribunal sentenciador que se pronuncie.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre la petición de indultos para los condenados por el procés, que el Gobierno tiene previsto hacer lo que marca la ley, es decir, "estudiar, una a una, cada petición cuando tenga los pertinentes informes del Supremo".
Campo ha recordado que la ley establece un procedimiento claro: cuando llega una petición de indulto se solicita al Tribunal sentenciador que se pronuncie. Este, a su vez, realiza otras peticiones de informes (a la Fiscalía, a Instituciones Penitenciarias, a la Abogacía si el Estado es perjudicado, al ofendido si lo hay), y hace una valoración individual sobre cada una de las peticiones. El Supremo envía el informe al Ministerio de Justicia, que estudia cada caso y eleva una recomendación al Consejo de Ministros, quien toma la decisión definitiva.
"Estamos respetando las leyes, pues el respeto a las leyes es lo que marca las democracias", ha dicho el ministro, quien ha añadido que, "cuando llegue el momento procesal oportuno, acudiré a explicar las razones que han llevado al Gobierno para concederlos o denegarlos, unos sí, otros no, totales o parciales". Campo ha asegurado que "el Gobierno da la cara, pero después de cumplir los procedimientos", y ha reprochado al grupo Popular no respetar la ley, ni los procedimientos, ni al Tribunal Supremo, ni al Gobierno.
Campo ha recriminado al Grupo Popular tratar de hacer control del Gobierno sobre una fase procesal a la que todavía no se ha llegado. "Intentar que haya una respuesta antes de que tenga lugar el procedimiento que marca la ley es faltar el respeto a la propia ley, al Tribunal Supremo y a la ciudadanía".
El ministro ha explicado que, ante una petición de indulto, se cursa el expediente al tribunal sentenciador; este recaba informes previos para realizar el suyo propio, que posteriormente remite al Ministerio de Justicia. El Ministerio los analiza y eleva al Consejo de Ministros una propuesta, denegatoria o de admisión, total o parcial. "Esto es lo que marca la ley, y harían bien en respetarla, como hacemos nosotros".
También ha pedido al Grupo Popular que cumplan con la ley y permitan la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. "No pueden utilizar las leyes a su antojo", ha concluido Campo.
Fuente: Moncloa