El Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, publicado en el BOE de 12 de julio, desarrolla los aspectos materiales y procedimentales del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, instrumento cuyo régimen general de funcionamiento se encuentra recogido en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores.
A través de este real decreto, cuya entrada en vigor se producirá el 13 de julio, se desarrollan:
- El funcionamiento general del Mecanismo RED, indicando su objeto, modalidades (cíclica y sectorial), medidas aplicables (reducción de jornada o suspensión de contratos) y se configura la Comisión tripartita que ha de servir de instrumento participativo de seguimiento del funcionamiento del mecanismo sectorial.
- Los trámites que han de seguir las empresas que quieran acogerse a un mecanismo que se encuentre activo:
- Las garantías asociadas al Mecanismo RED, relativas a la protección de las personas trabajadoras (prestación prevista en disp. adic. 41ª Ley General de la Seguridad social –LGSS– y consideración de colectivo prioritario para acceso a iniciativas de formación), a los beneficios en la cotización de las empresas (exenciones recogidas en disp. adic. 44ª LGSS), a las acciones formativas y al compromiso del mantenimiento del empleo (durante los 6 meses siguientes al fin de vigencia del Mecanismo RED autorizado) a que se vinculan las exenciones en la cotización.
- Los límites que operan durante la aplicación efectiva del Mecanismo RED (prohibición de realización de horas extraordinarias y de establecer nuevas externalizaciones de la actividad o de concertar nuevas contrataciones, sean directas o indirectas).
- La regulación del acceso a los datos relativos a las reducciones de jornada y suspensiones de contrato autorizadas en el ámbito del Mecanismo RED por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), el Instituto Social de la Marina (ISM) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- El régimen jurídico y de funcionamiento del Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, F.C.P.J.
Además, en la parte extravagante de la norma:
- Se indica, por una parte, su aplicación a los procedimientos cuya comunicación empresarial de inicio se produzca después del 13 de julio (fecha de entrada en vigor del real decreto) y, por otra, la aplicación supletoria del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
- Se establece que, mientras el SPEE y el ISM no dispongan de los recursos necesarios, el ejercicio de las competencias sancionadoras que tienen atribuidas corresponderá a las Jefaturas de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de la Administración General del Estado. En correspondencia con esta medida, se deroga la disposición transitoria segunda del Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
- Se da nueva redacción al artículo 22 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, para adaptar las previsiones reglamentarias a redacción del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y para homogeneizar los procedimientos de tramitación y pago de las prestaciones por desempleo derivadas de la aplicación de las medidas de suspensión del contrato o reducción de jornada contemplados en dicho precepto y la tramitación de la prestación social de la disposición adicional 41ª de la LGSS.
- Se modifica el artículo 4.1.a).2.º del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para aclarar las competencias sancionadoras en esta materia.
Se adapta el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, a las modificaciones operadas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto-ley 32/2021, dándose nueva redacción a sus artículos 10.4, 16, 21.3 y 33 e introduciendo un nuevo título IV en el que se incorporan las garantías asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), relativas a los beneficios en la cotización a la Seguridad Social, las acciones formativas vinculadas a los beneficios extraordinarios, el compromiso del mantenimiento del empleo, los límites en materia de horas extraordinarias, contrataciones y externalizaciones y el acceso a los datos relativos a los ERTE por la TGSS, el SPEE, el ISM y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, se ven afectadas sus disposiciones adicionales segunda y sexta (esta última sobre la obligación de notificación previa en los supuestos de cierre, que se añade) y sus disposiciones transitorias (reenumerándose la existente como primera y añadiéndose una segunda).