La Sala de lo Social del TSJA (Sala de Sevilla) ha solicitado a la Fiscalía de Huelva que investigue el presunto delito de prevaricación y malversación por el uso que el ayuntamiento de Cartaya realizó con una subvención concedida por la Junta de Andalucía para una escuela infantil, cuya cuantía de 288.627 euros y que fue destinada al pago de indemnizaciones de despido.
Los magistrados de esta Sala entienden que se ha producido una desviación de caudales públicos y que existen irregularidades en el uso de esa subvención finalista por vía de la prevaricación. Por ello, consideran necesario que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas, penales y contables que puedan derivarse de la decisión.
AUTOR COMUNICACIÓN PODER JUDICIAL