La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, María de los Ángeles Muñoz Marcos, han firmado esta mañana en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social un convenio de colaboración para el fomento de la contratación pública responsable.

Se trata de un convenio que se enmarca en la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, que el pasado mes de octubre se aprobó en Consejo de Ministros, y que responde al contenido de una de sus medidas en la que se establece la necesidad de fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculados al objeto del contrato.

El objetivo es contribuir a que en todos los niveles de la Administración pública se conozcan y aprovechen todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico actual, tanto nacional como internacional, sobre contratación pública, y se promuevan criterios que incluyan aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, vinculados siempre al objeto del contrato.

Para lograrlo, ambas administraciones se han comprometido a desarrollar de forma conjunta el primer Programa de Formación en Contratación Pública Responsable. Un programa que contempla el desarrollo de sesiones formativas, destinadas al personal dependiente de la Administración General del Estado, Administración Autonómica, Administración Local y Organismos y Empresas Públicas.

Actuaciones de compra responsable

De forma paralela, en el ámbito de la contratación pública, se está trabajando en Transposición de la nueva Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública cuyo contenido deberá incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico antes del 18 de abril de 2016.

De hecho, en el recientemente aprobado por el Consejo de Ministros Proyecto de ley por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social, se ha dado un paso adelante en este sentido al incluir la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público (reserva de mercado), algo que hasta se limitaba a los Centros Especiales de Empleo.

Además, se establece que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se podrán fijar porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL