Los Eurodiputados piden garantizar que el acuerdo TiSA no impedirá a las autoridades de la UE y los Estados miembros adoptar legislación en defensa del interés público, especialmente en las áreas laboral y de protección de datos.

El informe, cuya ponente es la eurodiputada Viviane Reding, subraya que el Parlamento Europeo tendrá la última palabra sobre la aprobación del tratado. Los eurodiputados han solicitado exclusiones explícitas para los servicios públicos. También han subrayado que la protección de datos no es una barrera al comercio sino un derecho fundamental y que, como tal, no debe de ninguna forma quedar afectada por un eventual acuerdo.

Respecto a la libre circulación dicen que debe limitarse a los profesionales altamente cualificados que provean un servicio por un periodo limitado de tiempo y en las precisas condiciones que estipule la normativa doméstica del país en el que se preste el servicio. Al mismo tiempo, los servicios profesionales aparecen como “línea azul”, es decir ámbitos en los que se solicita más acercamiento.

En este momento, participan en la negociación 23 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que representan el 70% del comercio mundial de servicios. La UE es el mayor exportador de servicios del mundo, con el 25% del mercado total. Los 23 países que negocian el acuerdo de servicios son Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Costa Rica, la UE, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, y Estados Unidos.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA