Si la existencia de ese riesgo no puede excluirse en un plazo razonable, la autoridad encargada de ejecutar la orden debe decidir si procede poner fin al procedimiento de entrega
En el asunto C-404/15, un juez de instrucción húngaro emitió dos órdenes de detención europeas contra el Sr. Pál Aranyosi, nacional húngaro, con objeto de que pudieran ejercerse acciones penales debido a dos robos con fuerza en las cosas presuntamente cometidos por el Sr. Aranyosi en Hungría.
En el asunto C-659/15 PPU, un tribunal rumano emitió una orden de detención europea contra el Sr. Robert Caldararu con la finalidad de ejecutar en Rumanía una pena de prisión de un año y ocho meses por conducción sin permiso de conducir.
Puesto que se encontró a ambos hombres en Alemania, corresponde a las autoridades alemanas examinar las órdenes. El Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Bremen, Alemania), que debía resolver si procedía ejecutar esas órdenes, constató que las condiciones de detención a las que podrían quedar sometidos los Sres. Aranyosi y Caldararu en las prisiones húngaras y rumanas, respectivamente, violaban los derechos fundamentales, en particular las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que prohíben penas o tratos inhumanos o degradantes. En efecto, en sus sentencias de 10 de junio de 2014 y de 10 de marzo de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que Rumanía y Hungría habían violado los derechos fundamentales debido a la sobrepoblación carcelaria que caracterizaba sus establecimientos penitenciarios (asuntos Vociu c. Rumanía, n.º 22015/10; Bujorean c. Rumanía, n.º 13054/12; Mihai Laurentiu Marin c. Rumanía, n.º 79857/12, y Constantin Aurelian Burlacu c. Rumanía, n.º 51318/12. En relación con Hungría, Varga y otros c. Hungría, n.º 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 y 64586/13)
El tribunal alemán pregunta al Tribunal de Justicia si, en tales circunstancias, la ejecución de las órdenes de detención europeas pueden o deben denegarse o supeditarse a que el Estado miembro emisor facilite información que permita comprobar la conformidad de las condiciones de detención con los derechos fundamentales.
Puesto que el Sr. Caldararu se halla en la actualidad detenido en Alemania, su asunto se ha tramitado mediante el procedimiento prejudicial de urgencia previsto por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Dado que el Sr. Aranyosi no se halla en prisión en la actualidad, su asunto no se ha tramitado mediante el procedimiento prejudicial de urgencia. No obstante, habida cuenta de que ambos asuntos versan sobre la misma cuestión, el Tribunal de Justicia decidió acumularlos a efectos de la sentencia.
Mediante su sentencia de 5 de abril de 2016, el Tribunal de Justicia recuerda que la prohibición absoluta de penas y tratos inhumanos o degradantes forma parte de los derechos fundamentales protegidos por el Derecho de la Unión. De este modo, cuando la autoridad responsable de la ejecución de la orden dispone de elementos que acreditan un riesgo real de trato inhumano o degradante de las personas detenidas en el Estado miembro emisor, debe apreciar dicho riesgo antes de resolver sobre la entrega de la persona afectada.
Cuando tal riesgo se desprende de las condiciones generales de detención en el Estado miembro de que se trata, la constatación de ese riesgo no puede, por si sola, abocar a la denegación de la ejecución de la orden. En efecto, es necesario demostrar que existen razones serias y fundadas para creer que la persona afectada correrá efectivamente tal riesgo debido a las condiciones de detención a las que habrá de ser sometida.
Para apreciar la existencia de ese riesgo respecto a la persona afectada, la autoridad responsable de la ejecución de la orden debe solicitar a la autoridad emisora la transmisión urgente de toda la información necesaria sobre las condiciones de detención.
Si, a la luz de la información facilitada o de cualquier otra información de la que disponga, la autoridad responsable de la ejecución de la orden constata que existe, respecto a la persona frente a la que se dirige la orden, un riesgo real de trato inhumano o degradante, la ejecución de la orden debe aplazarse hasta que se obtenga información complementaria que permita excluir la existencia de tal riesgo. Si la existencia de ese riesgo no puede excluirse en un plazo razonable, la mencionada autoridad debe decidir si procede poner fin al procedimiento de entrega.
Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea