Tras investigar los hechos denunciados, la jueza concluye que "gran parte del dinero defraudado se canalizó" a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas, y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios".
La jueza del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla ha acordado la apertura de juicio oral contra nueve personas -entre las que está el empresario de la entidad Formación Integral Para el Empleo, y la mujer de éste- por presuntos delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil, tras organizar una trama que logró la concesión de subvenciones de la Junta de Andalucía para programas de formación que durante tres años -de 2010 a 2012- sumaron más de cinco millones de euros, cursos que presentan numerosas irregularidades.
Tras investigar los hechos denunciados, la jueza concluye que "gran parte del dinero defraudado se canalizó" a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas, y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios".
En el auto con el que la jueza concluyó la investigación de los presuntos hechos delictivos, se señala que la inspección de Hacienda "ha estimado que para los ejercicios fiscales del 2011 y 2012 se ha realizado una efectiva defraudación superior a los 120.000 euros, para cada ejercicio, y tanto en la declaración del IRPF como en la tributación correspondiente al impuesto de sociedades".
Además, la jueza ve indicios de fraude de subvenciones correspondientes a ayudas de formación "por haber falseado las condiciones requeridas para la concesión de las mismas en un importe superior a los 120.000 euros y delito continuado de falsedad documental.
En el auto de PROA, se indicaba que la entidad Formación Integral Para el Empleo "tenía contratado un contable que sabía justificar cursos de formación y, llego a tener hasta tres contables".
La jueza hace referencia en su escrito de conclusión de la instrucción, que la actuación presuntamente ilícita "es posible al amparo del sistema que regula la Orden de 23 de octubre del 2009, art 102, que desarrolla el Decreto 335/2009 (...), limitándose la Administración a una comprobación formal del dinero empleado, es decir que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".
En este sentido, los beneficiarios de Formación Integral para el Empleo "no estaban obligados a aportar a la administración las facturas sino sólo obligados a almacenar las mismas y, presentar, simplemente, un informe de auditoría externa que ellos mismos pagan con cargo a las subvenciones obtenidas".
Para el empresario de Formación Integral para El Empleo S.L. y para su mujer se ha acordado una fianza de 3 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles y para los otros 7 acusados una fianza de 20.000 euros cada uno de ellos. En este momento, sólo dos partes acusadas han presentado escritos designando bienes o participaciones a efectos de embargo.
Ahora será un juzgado de lo Penal quien conozca y enjuicie hechos y personas.
AUTOR COMUNICACIÓN PODER JUDICIAL