El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, con quien ha analizado las principales cuestiones de interés del colectivo, así como los proyectos de reforma de la Administración de Justicia que impulsará el Ministerio en esta legislatura.
En el encuentro se ha abordado la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Se pretende reforzar el control de transparencia notarial en materia de hipotecas asegurando que exista un periodo de información precontractual irrenunciable a favor del consumidor, que puede ser de siete días conforme a la Directiva, así como el levantamiento por parte del notario de acta acreditativa de que se ha informado al consumidor de los riesgos del préstamo hipotecario.
Además, se ha coincidido en la necesidad de regular los supuestos de vencimiento anticipado, de manera que los vencimientos impagados que pudieran determinar la ejecución hipotecaria fueran proporcionales al tiempo de duración de la hipoteca y de su cuantía. Ambas partes han convenido también en la necesidad de fijar por ley tipos de interés de demora máximos y acomodarlos así a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En esta misma materia, tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo General del Notariado ven muy adecuado que se adopten medidas para evitar que la ejecución hipotecaria se produzca como consecuencia de la existencia de cláusulas abusivas. En este sentido, se considera conveniente abordar un código de mejores prácticas.
Durante la reunión, se ha tratado también la necesidad de avanzar en el desarrollo reglamentario de la Ley de Jurisdicción Voluntaria aprobada en 2015, para lo que se creará un grupo de trabajo específico en el seno de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. Asimismo, se prevé una reforma del reglamento que contemple las nuevas funciones que atribuye la Ley a los notarios en el ámbito jurisdiccional para aliviar la carga de los juzgados.
Fuente: Moncloa