La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios se ha reunido en el Palacio de la Moncloa para examinar los asuntos que se debatirán el viernes 9 de febrero en el Consejo de Ministros.
Así, la próxima reunión del Gobierno tiene previsto analizar, entre otras iniciativas, cuatro Anteproyectos de Ley en desarrollo de la potestad de iniciativa legislativa del Ejecutivo.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presidido la Comisión. En ella, se ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de prisión permanente revisable.
En segundo lugar, en aplicación del Derecho de la Unión Europea, se analizarán tres Anteproyectos de Ley de desarrollo de directivas y aplicación de un reglamento. Así se estudiará el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta Ley tiene por objeto trasponer la Directiva de la Unión Europea 2015/849, en aquellos aspectos todavía no incorporados a nuestro derecho interno, y adaptar el régimen vigente realizando algunos ajustes que mejoren su efectividad, sin modificar sus líneas básicas.
También en este ámbito, se debatirá el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. De esta manera, se incorporarán nuevas herramientas que mejoren eficazmente la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo mediante el tratamiento de los datos PNR.
Por último, se ha desarrollado también el Anteproyecto de Ley de secretos empresariales. Supone también una trasposición de la Directiva europea 2016/943, relativa a la protección de los secretos comerciales. Para ello, la Ley define los secretos oficiales, determina aquellas conductas constitutivas de violación de estos secretos y determina el catálogo de acciones de defensa y demás medidas procesales.
Fuente: Moncloa