En el día de hoy, la Comisión Europea ha decidido inscribir en el registro una iniciativa ciudadana europea titulada «#NewRightsNow - Reforzar los derechos de los trabajadores "uberizados"».
Los organizadores hacen un llamamiento a la Comisión para que «las plataformas digitales tengan la obligación de abonar unos ingresos mínimos garantizados a los trabajadores "por cuenta propia" que trabajan para ellos habitualmente». Los organizadores sostienen que esa medida «garantizaría y estabilizaría sus ingresos y[…], en concreto, frenaría la inseguridad laboral de los trabajadores "uberizados"».
Con arreglo a los Tratados, la UE puede emprender acciones legales para facilitar a los europeos el ejercicio de actividades por cuenta propia. Por consiguiente, la Comisión ha considerado que la iniciativa es legalmente admisible y ha decidido inscribirla en el registro. En esta fase del proceso, la Comisión aún no ha analizado el fondo de la iniciativa, sino solo su admisibilidad jurídica.
El registro de esta Iniciativa tendrá lugar el 1 de abril de 2019, con lo que dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá analizarla y pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.
Contexto
El Tratado de Lisboa introdujo la Iniciativa Ciudadana Europea como una herramienta a disposición de los ciudadanos para definir la agenda política a partir de abril de 2012, momento en el que entró en vigor el Reglamento relativo a la iniciativa europea por el que se aplican las disposiciones del Tratado. En 2017, como parte del Discurso del Presidente Juncker sobre el estado de la Unión, la Comisión Europea presentó propuestas de reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea para facilitar aún más su utilización. En diciembre de 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron la reforma y las normas revisadas empezarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2020.
Una vez registrada oficialmente, la iniciativa ciudadana europea permite a 1 millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pedir a la Comisión Europea que presente propuestas legislativas en ámbitos en los que tenga competencias para hacerlo.
Los requisitos de admisibilidad son que la medida propuesta no esté manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sea claramente abusiva, frívola o temeraria y que no sea manifiestamente contraria a los valores de la Unión.
COMISIÓN EUROPEA
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