El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite la reclamación interpuesta por UGT el pasado 24 de marzo contra el actual sistema español de despido, en la que el sindicato alega que la legislación española en materia de despidos individuales sin causa justificada (art. 56 Estatuto de los Trabajadores, art. 110 Ley reguladora de la jurisdicción social, y normas posteriores) incumple de manera manifiesta el artículo 24 de la Carta Social Europea y el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, en la medida en que se establece un sistema de cálculo tasado que no permite modular la indemnización legalmente prevista para reflejar la totalidad del daño sufrido, ni garantiza su efecto disuasorio.

Este pronunciamiento se realiza por el CEDS la misma semana en la que resuelve que Francia incumple el derecho de protección en caso de despido y si se estima, como en este caso, la legislación y la jurisprudencia social españolas se verían obligadas a realizar cambios profundos en el estado actual.

Mientras, tal como se ha venido señalando en diferentes estudios, análisis y diálogos con la jurisprudencia publicados en la Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, las posiciones no son unánimes. A ilustrar el contraste entre la noticia que nos ocupa y la postura de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en dos sentencias recientes, se destina el comentario crítico que se ofrece en abierto.