El Pleno del Tribunal Constitucional en sentencia de 5 de marzo de 2015, comentada por don José Antonio PANIZO ROBLES en el documento adjunto, ha avalado la constitucionalidad del Real Decreto-Ley (RDL) 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que dejó sin efecto, para el ejercicio 2012, la actualización de las pensiones en relación con el Índice de Precios al Consumo (IPC), en base a las previsiones de los artículos 48 de la Ley General de la Seguridad Social y 27 de la Ley de Clases Pasivas del Estado.