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Contratación de un servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de personas sujetas a control de instituciones penitenciarias
Contratación de un servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de personas sujetas a control de instituciones penitenciarias

El Consejo de Ministros de 5 de junio de 2015, ha autorizado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la contratación de un servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia, consumo de bebidas alcohólicas y ubicación de personas sujetas al control de Instituciones Penitenciarias, por un valor estimado de 34.682.879, 42 euros.

Mediante este servicio la Administración Penitenciaria podrá:

  • Conocer de modo continuo la presencia o ausencia en el domicilio, o en el lugar de permanencia controlada, de cada persona incluida en el programa de intervención.
  • Tener información actualizada y permanente de cualquier incidencia que se produzca y que afecte al cumplimiento del programa.
  • Conocer el posible consumo de alcohol del sujeto al que se le instale este tipo de dispositivos.
  • Saber de modo continuo e inmediato la ubicación de la persona incluida en el programa, de acuerdo con las pautas, reglas y horarios que para cada caso se establezca.

Tres años de contrato

La duración del contrato será de tres años desde el 1 de septiembre de 2015, o desde la fecha de su formalización si ésta fuese posterior; es decir, se financiará con cargo a las anualidades 2015 a 2018.

El valor estimado del contrato, es decir, sin IVA e incluyendo posibles prórrogas, asciende a 34.682.879,42 euros y el presupuesto de licitación es de 20.983.142,05 euros (con IVA y sin incluir prórrogas).

El contrato se tramitará de manera ordinaria (todo empresario interesado podrá presentar una proposición) y se adjudicará por el procedimiento abierto, por lo que se adjudicará a la proposición más ventajosa con arreglo a los criterios establecidos en el pliego correspondiente. Entre dichos criterios se encuentran tanto los de contenido económico -50 por 100-, como los derivados de mejoras tecnológicas (capacidad potencial del sistema) -40 por 100- y del incremento en la formación de funcionarios -10 por 100-.

Fuente: Moncloa

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