La juez del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Sevilla considera que hay indicios suficientes sobre la existencia de una trama organizada alrededor de la entidad ‘Formación Integral para el Empleo S.L.’, y pide que se juzgue a nueve imputados por delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad documental.
Tras la instrucción, la juez concluye que el empresario José S. S. y su sociedad ‘Formación Integral para el Empleo S.L.’ obtuvo como subvenciones para programas de formación en los años 2010, 2011 y 2012 más de cinco millones de euros, sin haber realizado buena parte de los gastos justificados que sólo corresponderían a un treinta por ciento de los importes facturados. En el auto de la juez se señala que el empresario José S.S. pudo defraudar importes superiores a los 120.000 euros en los ejercicios fiscales del 2011 y 2012, irregularidad propiciada por el sistema o mecanismo utilizado por la Junta de Andalucía.
Así, el auto indica que esta actuación era posible "al amparo del sistema que regula la Orden de 23 de octubre del 2009 , artículo 102, que desarrolla el Decreto 335/2009, de 23 de septiembre por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas que posibilita que concedida la subvención por la Junta de Andalucía se transfiera el 75% del importe concedido, quedando el 25% restante aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención concedida. Limitándose la administración a una comprobación formal del dinero empleado, es decir que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas".
Asimismo, el auto concluye que los cursos se impartieron en un coste real del 70% menos de lo documentado a la Junta de Andalucía, de forma que, si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros, y el mismo concepto se factura por duplicado. Así, en varios cursos de Formador Ocupacional de 400 horas cada uno, aparecen como docentes autorizados varias personas con 400 horas de clase cada una, pero en cambio se facturan 800 horas.
Contra el auto puede interponerse recurso de reforma en el plazo de tres días y, subsidiaria o directamente sin necesidad del anterior, recurso de apelación en plazo de cinco días.
AUTOR COMUNICACIÓN PODER JUDICIAL