La Ley 43/2015, de 9 de octubre, publicada en el BOE del 10 de octubre y en vigor al día siguiente, configura un nuevo marco jurídico, a nivel estatal, para las entidades que integran el Tercer Sector de Acción Social, persigue fortalecer e impulsar su capacidad como interlocutor ante la Administración General del Estado para el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social y define las medidas para la sostenibilidad de este ámbito.
El objeto de la Ley, la definición de las entidades que conforman el Tercer Sector de Acción Social y su ámbito de aplicación, configuran el contenido del Capítulo I de la Ley, destinándose el Capítulo II a relacionar los principios rectores de la actuación de las entidades que lo conforman, algunos de naturaleza organizativa (tener personalidad jurídica propia, ser de naturaleza jurídica privada, no poseer ánimo de lucro, garantizar la participación democrática de sus miembros,…), y otros referidos al modo de actuar (autonomía en la gestión y toma de decisiones respecto a la Administración General del Estado…).
La participación de estas entidades en los órganos de participación institucional de la AGE se regula en el Capítulo II, reconociéndose en el Capítulo V dos órganos de participación institucional: el Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social (RD 235/2005) y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector (Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad), para los que se prevé una futura regulación reglamentaria.
La Ley (Capítulo IV) prevé, además, una serie de acciones de fomento de estas entidades a través de medidas concretas recogidas en el artículo 6 y de la puesta en marcha de un programa de impulso de estas entidades en los términos recogidos en el artículo 7 para lo cual el Gobierno cuenta con un plazo de 12 meses.
Por último, destaca la disposición transitoria única donde se recogen las entidades, los importes y las aplicaciones del presupuesto de 2015 a cargo de los que se hacen los pagos de subvenciones de concesión directa allí relacionados.