Para UPTA esta situación hace cada día más difícil que los autónomos que producen bienes o servicios y que firman un contrato con estas grandes compañías puedan continuar desarrollando su actividad de forma sostenible económicamente.
Según los datos ofrecidos y estudiados por UPTA de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, de la que la organización forma parte, los plazos de pago de las facturas de la administración y de la empresa privada ha descendido en el 2016 un 5,3 % y un 9,4% respectivamente, situándose entre 71 y 77 días, muy lejos de lo que establece la Ley de Morosidad, que fija un máximo de entre 30 y 60 días los límites de pago.
Si bien los datos están mejorando en términos generales, seguimos sometidos a la impunidad de la que siguen disfrutando las grandes empresas de nuestro país.
No sólo negocian de forma predominante, sino que además son las grandes beneficiadas por la aplicación de las modificaciones que en la Ley de Contratos del Sector Publico se han propuesto en la presentación de la tramitación de la Ley mencionada, para Eduardo Abad, Secretario General “regresar al acuerdo entre partes es sencillamente poner al contratista principal en clara ventaja con el subcontratista, siendo este último absolutamente vulnerable cuando se fijan las condiciones de pago”.
“No tiene sentido que la administración no vele por el correcto desarrollo de la cadena de pago en la subcontratación, puesto que esta está pagando a sus proveedores principales con una carencia de 71 días y el contratista principal paga al autónomo o a la pequeña empresa a 140 haciendo gala de su condición predominante. “ Declara Abad, una vez analizados los datos proporcionados por la Plataforma Multisectorial contra la morosidad.
UPTA