Es de interesante estudio la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 1 de de diciembre de 2006, en materia de notificaciones. Entiende el Tribunal que la Administración debe realizar una labor razonablemente prudente para notificar al interesado los actos que le afecten, de manera tal que se deduzca la razonabilidad de la notificación edictal cuando pueda derivarse la convicción o certeza de la inutilidad de otros medios normales de citación. Cuando se practica la notificación personal y se desprende que el contribuyente ha cambiado de domicilio, o que el que le consta a la Administración no es correcto, procede la práctica de mínimas gestiones de investigación, máxime si se trata de una sociedad cuyo domicilio puede fácilmente averiguarse consultando los registros públicos, como ha hecho la Administración cuando realmente le ha interesado, al averiguar el domicilio en vía ejecutiva. No ha existido tal diligencia en el caso de autos, a juicio del Tribunal, porque al cursarse la notificación a un órgano administrativo integrado por Administraciones públicas y de notoriedad manifiesta en la isla de Gran Canaria, no basta ampararse en que el cambio de domicilio no se ha comunicado a la Administración. Le habría bastado a la Administración autonómica consultar la guía telefónica o consultar a cualquiera de las Administraciones que integran el organismo notificado, para saber el domicilio al que practicar la notificación